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CCOO y UGT denuncian que la empresa pública retira el servicio de Correos de la población de Chinchilla de Montearagón condenando a la comarca y poblaciones a formar parte de la España vaciada.

  • CCOO y UGT critican que la medida supone un perjuicio grave en la prestación del servicio postal público donde se necesita el servicio de Correos para la vertebración social y económica de ambas poblaciones y comarcas.

 

  • Igualmente, hacen énfasis en la hipocresía y cinismo del presidente de Correos, que proclama la recuperación de la España Vaciada mientras toma medidas de ajuste en el sentido contrario.
  • CCOO-CORREOS ALBACETE / esNoticia / 30-10-2020

     

     

     

     

     

    Correos, poniendo el ajuste de la cuenta de resultados por encima del derecho de la ciudadanía a un Correo público, hace desaparecer el servicio, en concreto de la unidad de reparto de Correos de Chinchilla de Montearagón -esta población con importante actividad empresarial y en expansión- para integrar dicha unidad en la unidad de reparto de Albacete capital, condenando a la población a ser candidata a la España vaciada.

     

    Chinchilla de Montearagón, es un municipio de más de 4.300  habitantes de 680,03 km², dicha localidad está basada en el turismo,  lugar prominente en la economía de Chinchilla de Montearagón, declarada Conjunto Histórico Artístico con una gran riqueza monumental.

    La industria impulsada por la proximidad de Albacete, es otro sector puntero de su economía. Durante el siglo XX se construyeron varios polígonos industrialesː el Polígono Industrial Camporrosso, donde se encuentran instaladas industrias de muy diversos sectores, el Polígono Industrial "Montearagón" y el Polígono Industrial "Los Molinos".

    En su término municipal se encuentran diferentes aerogeneradores, para la obtención de energía eólica.

    Esta actuación, absolutamente incomprensible para CCOO y UGT en poblaciones de tal entidad poblacional, social y económica indiscutible, va en dirección contraria al fortalecimiento de la España Vaciada que, de forma cínica, tanto predica defender el presidente de Correos puesto que les “roba” a ambas una herramienta clave para su vertebración económica y social como es el servicio de Correos.

    Dichos sindicatos critican la forma inaceptable en se quiere aplicar la medida, a escondidas, al margen de la negociación con los representantes de los trabajadores/as, vulnerando así el derecho de negociación colectiva, lo que es manifiestamente ilegal en tanto en cuanto no se ha abierto ningún proceso de negociación para que, siempre que concurran las causas legales que legitimen el planteamiento de la empresa, se pueda proceder al intercambio de propuestas.

    CCOO y UGT, que conforman el 45 por cien de representación en Correos-Albacete, denuncian que Correos pretende saltarse la norma para realizar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, con movilidad geográfica para los trabajadores y trabajadoras del centro de Correos mencionado, sin el debido periodo de consultas con las Organizaciones Sindicales que requiere dicha aplicación, además del perjuicio que supone la medida en la prestación del servicio postal público.

    CCOO y UGT rechazan radicalmente esta actuación al considerar que no concurren las causas legales para llevarla a cabo y porque, además, y sobre todo, ahonda en el vaciamiento de la España Vaciada en la que Correos, como servicio público, debe jugar un papel vertebrador relevante que la Dirección de la empresa quiere dejar en segundo plano. Esta unificación de oficinas no aporta ninguna mejora al servicio público que se presta en estos dos pueblos y conllevará el recorte de dicho servicio, una peor prestación, además de un debilitamiento socioeconómico de los mismos.

    CCOO y UGT han instado a la empresa a que dé marcha atrás a la iniciativa y convoque de manera urgente a una reunión con las Organizaciones sindicales para que puedan tener voz y aportar los argumentos que les lleva a solicitar la paralización de tan nefasto proyecto.

    De no parar la decisión, las organizaciones sindicales con representación en la provincia podrán iniciar el procedimiento legal de demanda ante el juzgado correspondiente, además de iniciar una campaña mediática e institucional por la gravedad que esta propuesta de la empresa conlleva para las comarcas afectadas y para los trabajadores/as de dichos centros de trabajo.

     

     

     

     

     

     

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