Se trata de una ley pionera en Castilla-La Mancha que garantizará el cuidado de las personas con discapacidad cuandos sus familias no estén
Las Cortes regionales han aprobado con el respaldo de todos los grupos políticos la nueva Ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad, un normativa pionera en nuestro país que, en palabras del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, marcará "un antes y después en la intención y en el fondo en la estrategia de las políticas a favor de la discapacidad”.
Esta noramtiva sitúa a Castilla-La Mancha a la vanguardia en la protección de los derechos de las personas con grave discapacidad en España y en Europa y que termina con “la obsesión, el miedo y el temor” de las familias ante la incertidumbre de “qué ocurrirá con sus hijos cuando ellos no estén” porque se garantiza su asistencia a través de toda una red, y para ello, en este primer ejercicio contará con 5 millones de euros de presupuesto, y activará un total de cinco unidades de orientación y apoyo además de planificar la creación de la Oficina regional de Orientación y Apoyo y el Registro de Planes Personales de Futuro y de crear un total de 480 plazas de atención especializada para personas con discapacidad grave.
La nueva normativa regional beneficia potencialmente a las 36.000 personas mayores de edad con grave discapacidad física, psíquica o sensorial de Castila-La Mancha que tienen limitada su capacidad de decisión.
La Ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad establece un sistema de planificación y una garantía residencial ante la falta de sus familiares y tutores legales, a través de un plan personal de futuro realizado con el asesoramiento y orientación de un agente de mediación, teniendo en cuenta las preferencias y prioridades de la persona con discapacidad y su familia.
Tal y como ha explicado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, las personas con grave discapacidad de la región “tendrán un plan de futuro” guiado por profesionales que diseñarán un itinerario con la que “anticipar” la falta de los familiares y tutores legales.
La normativa tendrá que desarrollarse, a iniciativa del Partido Popular, en los próximos 9 meses -en lugar de en 12 como se planteó en un primer momento-.
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